27 Octubre
27 Octubre 2026 por FEUSO | Actualidad
La nueva Ley 4/2026 refuerza los derechos educativos de las personas con discapacidad y apuesta por una atención más individualizada y accesible. Desde USO valoramos positivamente cualquier medida que mejore la respuesta educativa de este alumnado, pero defendemos que estos avances deben ir acompañados de los recursos necesarios y del respeto a la diversidad de situaciones, necesidades y modelos educativos existentes.
Para USO, los centros de educación especial siguen siendo una pieza necesaria del sistema educativo. Estos centros atienden a alumnado que precisa apoyos altamente especializados, profesionales específicos y una respuesta educativa adaptada a sus necesidades.
Es fundamental reivindicar y preservar el valor de los centros de educación especial como centros plenamente educativos, cuya función principal es garantizar el derecho a una educación de calidad, adaptada a las necesidades de su alumnado. No podemos permitir que su papel quede desdibujado ni que sus funciones se reduzcan a una atención meramente asistencial o sanitaria, ya que su finalidad esencial es educativa, orientada al aprendizaje, al desarrollo de capacidades, a la autonomía personal y a la inclusión social. La atención sanitaria, terapéutica y asistencial debe complementar y apoyar esta labor educativa, nunca sustituirla. Para ello, resulta imprescindible que las Administraciones públicas garanticen recursos económicos, materiales y humanos suficientes, profesionales especializados, plantillas adecuadas y los apoyos necesarios para que estos centros puedan desarrollar plenamente su proyecto educativo y ofrecer una atención integral y de calidad a su alumnado.
Del mismo modo, defendemos que las familias tengan una participación real en las decisiones sobre la escolarización de sus hijos y que se respete su libertad de elección entre las distintas opciones educativas existentes, sin priorizar una sobre otra, en igualdad de condiciones.
La ampliación de derechos que plantea la nueva ley no puede traducirse en una mayor carga de trabajo para los profesionales sin los medios adecuados. Una atención más individualizada implica más seguimiento, más coordinación con las familias y los equipos de orientación, más adaptación de materiales y una mayor especialización. Todo ello exige reforzar las plantillas, aumentar el número de profesionales especializados, disponer de más tiempo de coordinación y avanzar en una reducción de ratios que permita ofrecer una atención realmente adecuada.
Desde USO insistimos en que no es razonable exigir más funciones y responsabilidades a docentes, orientadores, auxiliares y resto de profesionales manteniendo las mismas plantillas, los mismos tiempos y los mismos recursos. La mejora de la atención educativa debe ir acompañada de un reconocimiento profesional y laboral acorde con la responsabilidad y la complejidad creciente de su trabajo.
Además, reclamamos que los recursos se garanticen en igualdad de condiciones para todo el alumnado, con independencia de que esté escolarizado en un centro público, concertado o de educación especial. Los derechos del alumnado no pueden depender de la titularidad del centro. Si la ley amplía derechos, la Administración debe garantizar también la financiación, los profesionales y los medios necesarios para hacerlos efectivos.
Para USO, el objetivo debe ser claro: ofrecer a cada alumno la respuesta educativa que realmente necesita, mantener y reforzar los centros de educación especial, respetar la libertad de elección de las familias y garantizar a los profesionales los recursos y condiciones laborales que permitan desarrollar su trabajo con calidad. Más derechos para el alumnado deben significar también más medios, más profesionales, menores ratios y mayor reconocimiento para quienes hacen posible esa atención cada día.
