14 Octubre
14 Octubre 2026 por FEUSO | Actualidad
USO Enseñanza exige las mismas condiciones laborales en todos los centros que prestan el servicio público educativo, públicos y concertados.
Las movilizaciones de la escuela pública en Madrid y las que tienen lugar en otras comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana, reclaman mejoras laborales de las condiciones del profesorado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo que se presta en los centros púbicos.
Es cierto que las aulas del año 2026 exigen una mayor atención a la diversidad y necesitan más recursos humanos y materiales para garantizar la inclusión e integración de los alumnos de Necesidades Educativas Especiales y de Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
Como sindicato de todos los trabajadores de la enseñanza, apoyamos algunas reivindicaciones que consideramos justas y necesarias: la reducción de la jornada lectiva, la reducción de ratios, más recursos para atender al alumnado NEE y NEAE, una importante mejora retributiva, una reducción significativa de la actual carga burocrática y abordar la climatización de las instalaciones, entre otras.
Precisamente por eso, contrasta fuertemente la situación de la concertada, donde las condiciones laborales son notablemente inferiores en todos estos aspectos. Por ejemplo, si la pública madrileña exige 17 clases en Secundaria y Bachillerato y 22 en Infantil, Primaria y Especial, los centros concertados, en su mayoría, imparten como mínimo 25 clases en todos los niveles educativos y su profesorado recibe unos salarios notablemente inferiores en la mayoría de las comunidades porque, como mínimo, están excluidos de los complementos por formación (Sexenios).
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes nos dio la razón al promover el Proyecto de Ley que modifica la Ley 4/2019 para regular la jornada docente y las ratios de alumnado en España al recoger como medida de mejora de la calidad educativa una jornada lectiva máxima para todo el Estado de 18 periodos en Secundaria y Bachillerato y 23 en Infantil, Primaria y Especial. Por desgracia, el Ministerio omitió intencionadamente al profesorado de la concertada de esta medida, a pesar de que estos centros concertados junto a los públicos son, según la LOE en su artículo 108, quienes prestan el servicio público educativo. Antes de decaer este Proyecto de Ley por la convocatoria de Elecciones Generales, solamente dos partidos políticos, UPN y Esquerra Republicana, acogieron la enmienda que trasladó USO Enseñanza a todos los grupos parlamentarios para que se hiciera extensiva la jornada máxima docente a la concertada.
Con esta última medida, la Administración ampara una desigualdad injustificable entre un profesorado premium y otro low cost, pese a que ambos prestan el mismo servicio público educativo, diferenciándolos únicamente por la titularidad del centro en el que trabajan.
Para USO Enseñanza, cualquier avance razonable para el profesorado de la enseñanza pública debe extenderse también al de los centros concertados. Por ello, exigimos a las Administraciones educativas y a las patronales del sector concertado que adopten con urgencia medidas para reducir y eliminar la brecha salarial y laboral entre ambos colectivos. Esta desigualdad, cada vez mayor, resulta insostenible en el día a día de los centros. Todo el alumnado merece recibir una educación regida por los mismos parámetros de calidad en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos.
