El pasado 12 de marzo, el Comité de Empresa del Profesorado de Religión de Asturias, del que forma parte la Federación de Enseñanza de USO, presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias una demanda de conflicto colectivo contra la Consejería de Educación por lo que califican “fraude de ley” en la contratación del profesorado.
Gonzalo Menéndez Pelayo, secretario general de FEUSO-Asturias, ha advertido de la constante persecución que sufre este colectivo por parte de la Consejería, que se niegan a negociar lo que ya está firmado. La presidenta del Comité de Empresa, Montserrat García, también de FEUSO, denunció que desde el año 2012 no ha habido concurso de vacantes para cubrir con carácter definitivo los puestos de trabajo de profesores que se han jubilado, se les ha reconocido una incapacidad o han cesado voluntariamente.
Desde entonces, ha dicho, “todas las vacantes se han cubierto con profesores procedentes de las bolsas de empleo, que está realmente para cubrir interinidades y, en general, incidencias temporales, y a los que se ha contratado con carácter indefinido. Y esto, a nuestro entender, constituye un fraude de ley”.
Desde el Comité de Empresa se señala además que, con motivo de la pandemia, se doblaron plazas y “para ello, igualmente se contrataron con carácter indefinido a profesores de la bolsa, sin que antes se les ofreciera a los docentes que desde el año 2015 han visto reducida su jornada laboral a tiempo parcial”.
No se trata de una decisión baladí sino que esta circunstancia es “significativa”, ya que en su mayoría “son profesores con edades cercanas a la jubilación, con los efectos consiguientes para su futura pensión”.
Como no es la primera vez que se tienen problemas con la Consejería, que se empeña en no negociar estas cuestiones con el Comité de Empresa, no ha habido más remedio que poner esta reclamación de conflicto colectivo.
Para el secretario general de FEUSO, se ha llegado a esta situación porque no se ha vuelto a convocar un concurso de traslados desde 2012. “Hay profesores –denuncia- que con 25 años de experiencia y con 60 años cumplidos se quedan con medias jornadas. No pedimos nada extraordinario: un concurso de traslados como el que se realiza todos los años para el resto del profesorado. Tampoco pedimos que se den las plazas a los docentes más veteranos, sino que se les dé la oportunidad de optar a ellas”.
Con la demanda de conflicto colectivo, el Comité de Empresa confía en que se restablezcan los derechos de los trabajadores, gravemente conculcados durante años. Para Gonzalo Menéndez, “la disculpa para no convocar un concurso de traslados el año pasado fue la pandemia, este la ley Celaá... Esto es una tomadura de pelo. Y lo único que nos queda es la justicia”.
