16 Abril 2009 por FEUSO | Cantabria

La decisión del Gobierno de Cantabria de retirar el concierto educativo al colegio Torrevelo por impartir la enseñanza diferenciada supone, para FEUSO, una agresión contra la enseñanza concertada, contra sus trabajadores y contra las familias y los alumnos que han elegido libremente este centro concertado desde hace más de 12 años.

A la hora de tomar la decisión lo que menos se ha tenido en cuenta ha sido la actual situación laboral de los trabajadores, que verán mermados sus derechos adquiridos durante los años que han prestado un importante servicio a la comunidad educativa. Además, en época de crisis, los puestos de trabajo de los docentes y no docentes corren un serio peligro de desaparecer. Sorprende la escasa sensibilidad social de los responsables del Gobierno de Cantabria, que han justificado su decisión exclusivamente por motivos demagógicos y por criterios ideológicos y políticos.

Elegir la enseñanza mixta o la enseñanza diferenciada no es discriminatorio para nadie en ningún caso. La utilización de la palabra “segregación” es perversa en este contexto, y revela una vez más la ignorancia y el analfabetismo que da soporte ideológico a determinadas corrientes de opinión. Además, la LOE no aporta ninguna novedad que sustente legalmente decisiones de este tipo. Con esta polémica decisión ilegal el Gobierno de Cantabria actúa deliberadamente contra numerosas sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional y hasta de la Convención de la UNESCO. Como aclaró suficientemente una sentencia del Tribunal Supremo: “la separación de sexos en las aulas no supone una segregación y, por tanto, es compatible con la financiación pública mediante el sistema de conciertos”.

Para la Federación de Enseñanza de USO la educación diferenciada es una opción pedagógica igual de válida y legal que la educación mixta. Para FEUSO, utilizar los conciertos como medio para imponer un único modelo educativo nos parece un error contrario al pluralismo escolar y a la autonomía de los centros, además de un claro ataque contra los derechos sociales y laborales de los trabajadores de estos centros educativos.